La Legislatura se apresta a extender por tres años la vigencia de leyes que permiten subsidiar mensualmente a tres empresas de call center que operan en Tucumán. Las firmas radicadas en la provincia brindan trabajo a unas 7.000 personas, aproximadamente.

Ayer, la comisión de Hacienda que preside el ex intendente de Lules Carlos Gallia abordó el tratamiento de tres proyectos específicos en favor de las firmas Atento Argentina, Aegis Argentina y Citytech. Se trata, en definitiva, de una prórroga de los incentivos ya concedidos mediante las Leyes 9.370, 9.371 y 9.372 respectivamente. “Consistente en un subsidio mensual equivalente al 25% de las retribuciones brutas mensuales que abone a cada uno de sus empleados que cumplan funciones de operadores de procesos de negocios y/o agentes de telemercadeo, tanto en conceptos remunerativos como no remunerativos, homologados por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, y que no superen la suma de $21.000”, se argumentó en el texto que lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía Daniel Abad.

En el proyecto se plasmó que el pedido se fundamenta en sostener los puestos de empleo. “Es conveniente mantener una fuente de trabajo genuina destinada esencialmente a los jóvenes de uno u otro sexo, que en la mayoría de los casos se trata su primer empleo rentado, realizando de esta forma el Estado un aporte útil que ayuda a mantener los niveles de trabajo en el ámbito de la Provincia”, se explicó en la iniciativa de la Casa de Gobierno.

En este sentido, se propuso dar vigencia a las leyes mencionadas por el término de tres años a partir del 1 de marzo de 2024. A su vez, se faculta al Poder Ejecutivo, en caso de considerarlo necesario, a realizar una compensación económica por los meses de diciembre 2023, y enero y febrero 2024.

Desde 2008 (gobierno de José Alperovich), las tres firmas reciben beneficios impositivos y un subsidio del 25% de la planilla salarial, autorizado por la Legislatura, a cambio de generar puestos genuinos de trabajo. Sin embargo, durante el primer semestre de 2023 hubo alrededor de un centenar de despidos en estas empresas. Argumentaron que hubo una baja de volúmenes de servicios producto de las dificultades que atraviesa el sector como consecuencia de la inestabilidad económica del país.

A su vez, Teleperformance anunció el traslado de 1.000 puestos de trabajo a Chaco por la incertidumbre que tenían para operar por reclamos judiciales que redundaron en traba de las operaciones por los embargos preventivos.

La Provincia intercedió en el conflicto y se comprometió a elevar y entender para los próximos años los subsidios que las firmas reciben de parte de la Provincia.

Gallia precisó que entre las tres firmas se alcanza a unos 4.400 trabajadores y que por los $ 21.000 que aportaría el Estado se llegaría a una suma mensual de $ 23 millones. “Venía siendo de $ 16 millones con la ley anterior. Se actualizaron los montos. Por supuesto que en la ley también figura que no pueden bajar el total de personas menos del 10%. Acá tienen un mínimo de gente que tienen que mantener. Por ejemplo, la que más tiene no puede bajar menos de 2.800 personas”, precisó el legislador oficialista.

Ese control, dijo, se hará todos los meses. “En estos momentos hay que mantener la fuente de trabajo. En su momento se verá cuando se tenga que revisar todo de nuevo”, afirmó.

La oposición cuestionó la extensión del beneficio. Según Gallia, los tres años generan un compromiso de las empresas. Si les damos menos, lo controlamos un año y lo vamos renovando. Pero por ahí si le voy a dar más, dos o tres años, en estos casos también le creás una obligación a la empresa de cumplir y de tenerlos con vos y que no se vayan”, justificó el luleño.

El radical Manuel Courel fue categórico. “No estoy de acuerdo con otorgar este tipo de subsidios a empresas con nombre y apellido, más aún cuando ya llevan 20 años. No sabemos si estas empresas ganan o pierden plata, cuál es su estructura de costos, cuánto representa el subsidio con relación a su ecuación financiera. No sabemos nada porque las empresas no deben rendir cuentas, solo se les exige que no reduzcan su personal”, planteó.

El legislador consideró que los beneficios impositivos deberían otorgarse a la actividad, a todas las empresas radicadas y a las que quieran radicarse: “Si vamos a promover los call center, entonces hagamos una ley de promoción para toda la actividad”. Y prosiguió: “Si una nueva empresa quiere radicarse en Tucumán, tendrá que tocarle la puerta al gobernador y luego a la Legislatura para pedir una ley a su medida y poder estar en igualdad de condiciones con las que ya tienen la ley. Y si no lo logran o no quieren o no pueden, terminamos ahuyentando a las empresas que se van a provincias que tienen sistemas tributarios más transparentes y equitativos”.

Finalmente, al término de la reunión sólo el alfarista Claudio Viña (Compromiso Tucumán) firmó el dictamen de minoría en rechazo al proyecto.